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La venta, producción y tráfico de sustancias consideradas como drogas , es una de las tendencias delictivas más comunes actualmente y es que día a día el uso y consumo de estas sustancias, se hace más habitual. Este uso progresivo de las drogas no es exclusivo de sectores poblacionales o países en específico sino que envuelve a la sociedad en su conjunto aunque en mayor proporción quedan afectados las generaciones más jóvenes de la comunidad quienes son más propensos a su uso y venta; por tanto la propagación de estas conductas es un serio problema a escala international pues cada día crecen más las redes de narcotráfico y por tanto con mayor frecuencia aparecen los casos de personas detenidas y procesadas por este delito. Ante todo esta problemática true los diferentes Estados en busca de vías, métodos y mecanismos que les faciliten el Command y erradicación de estas actividades ilícitas suscriben Tratados y Convenios Internacionales en pos de la ayuda y la cooperación necesaria en diferentes campos, pero más concretamente, apoyo jurídico que les permita perseguir estos actos más allá de sus fronteras, mecanismo que se concreta a través de la Extradición.

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“podrá denegarse el acceso a determinados materiales si ello puede dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o si la denegación es estrictamente necesaria para defender un interés público importante, como en los casos en que se corre el riesgo de perjudicar una investigación en curso, o cuando se puede menoscabar gravemente la seguridad nacional del Estado miembro en el que tiene lugar el proceso penal”

Los abogados penalistas de manera typical asumen casos por delitos de diversa índole, ocurriendo que algunos de ellos no se abstienen de manera absoluta los casos de tráfico de drogas, pero muchos sí lo hacen. De otro modo, encontramos abogados penalistas que se concentran en el tema del narcotráfico y han desarrollado una pericia singular para asumir estos procesos, llegando a conocerse en la jerga jurídica y common como “abogados de narcos”.

ENT: Para finalizar, ¿cuál es tu esperanza para el futuro en relación con las leyes de drogas y tu papel como abogado?

España pertenece a la Unión Europea desde 1986, y el cumplimiento y aplicación normativa de la Unión  es esencial para alcanzar los objetivos dispuestos en sus Tratados. Uno de los instrumentos utilizados por la Unión para alcanzar la armonización de todos sus integrantes son las directivas.

Es importante tener en cuenta que la extradición no siempre significa que el acusado es culpable del delito. Es posible que se solicite la extradición de una persona que aún no ha sido condenada por un delito, pero que es sospechosa de haberlo cometido.

- Reputación: Es importante investigar la reputación del abogado o del despacho de abogados antes de contratar sus servicios, para asegurarse de que se trata de un profesional confiable y respetado.

Es importante recordar que mi papel no es juzgar la culpabilidad o inocencia de mi cliente, sino garantizar que se respeten sus derechos legales.

En todo caso, a salvo de autorización judicial, no se entrega el atestado completo, cuando existan posibilidades de afectación a derechos de terceras personas que consten en el mismo, o la puesta en peligro de la investigación policial en curso u otra diferente”.

Retomando el tema de los llamados “países sin extradición”, es necesario dejar claro que haberse trasladado a alguno de ellos no constituye para el acusado por narcotráfico una garantía absoluta de que no será sometido al rigor de la Ley. El apelativo “sin extradición” hace referencia a países que no tienes suscritos tratados o convenios de extradición, que es el instrumento de alcance internacional más comúnmente utilizado para ello, y en virtud del cual los Estados signatarios se obligan recíprocamente, y establecen las bases comunes sobre las cuales se resolverán las peticiones de extradición que se entablen entre ambos.

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El ámbito de aplicación de esta Directiva, recogido en su artículo two, oscila “desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro ponen en conocimiento de una persona que es sospechosa o que se le acusa de haber cometido una infracción penal, hasta la conclusión del proceso”.

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